Un país donde las personas que pertenecen a ese sector carecen de servicios de salud.
El legislador Ernesto Núñez Aguilar, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, ha propuesto reformar la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de garantizar la no discriminación y los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e intersexuales.
Este mismo ha indicado que los derechos humanos de los miembros de esa comunidad son violentados frecuentemente en el país americano y que la mayoría de las personas del sector carecen de servicios de salud, aún teniendo en cuenta que muchos padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y VIH.
El diputado ha afirmado que entre 2007 y 2012 se documentaron al menos 164 crímenes por homofobia en diversas partes del territorio nacional, lo que equivale al 20 por ciento de ese delito en América Latina. Es el caso por ejemplo del Distrito Federal, donde al menos este porcentaje de la comunidad LGTB padece alguna de estas enfermedades.
El legislador ha hecho referencia también a la Constitución Política, que prohibe toda discriminación motivada por las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, aunque propone una reforma del inciso II Bis del Artículo 4 y la fracción XIV del Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de dar asistencia social especializada y garantizar la protección y plena integración al bienesta de los integrantes del colectivo, en especial a quienes hayan sido víctimas de maltrato o abuso o privadas de su libertad.
Otro de los retos también es reducir la violencia contra las personas LGTB y asegurar a las víctimas una protección judicial en condiciones de igualdad, además de que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha afirmado que el propósito final es fortalecer la esfera jurídica de las personas, de manera independiente de su orientación sexual e identidad de género, y promover y reconocer sus derechos humanos, en particular el de asistencia social. Con su propuesta se pretende incentivar el cumplimiento y la cultura de los derechos humanos y mejorar el desempeño institucional, engrandecer la relación entre gobernantes y gobernados, para dar cauce y solución a las demandas sociales de la población.
